Comunicación
Facilitar a un medio de comunicación información sobre acciones potencialmente peligrosas o irregulares de una empresa es ahora más difícil.
El Tribunal Constitucional ha fallado a favor del derecho a despedir a un empleado por proporcionar información a la prensa, según informaba El País el pasado día 12. Conforme a la sentencia, la libertad de empresa limita el derecho a la información pese a que los hechos dados a conocer por el empleado eran verdaderos y suponían un peligro potencial para la población cercana a una factoría.
Una mala noticia para el periodismo, su necesidad de encontrar fuentes identificables y fidedignas que revelen hechos de relevancia pública y permitan a la prensa ofrecer a los ciudadanos las noticias precisas para su mejor actuación pública y privada.
La desestimación del recurso de amparo hace prevalecer la libertad de empresa y su propiedad industrial sobre el derecho a la información, según la versión de El País. Mala señal que alerta sobre la regresión democrática de los últimos tiempos, cuando los valores de seguridad y propiedad están ganando terreno a la libertad y al ejercicio de la ciudadanía.
El derecho de los ciudadanos a estar informados de acontecimientos que les pudieran afectar en su seguridad, salud o medio ambiente queda amenazado. El tribunal sanciona el derecho de la empresa a despedir al empleado e impone una mordaza sobre quienes sientan la obligación de informar sobre hechos de relevancia pública.
Será más difícil encontrar fuentes dispuestas a dar su testimonio. La amenaza pesa. Es preocupante que el Constitucional haga prevalecer el comportamiento de una empresa sobre el derecho fundamental de los ciudadanos a la información y posiblemente su derecho a la salud y a su protección.
Las asociaciones de editores y periodistas deben estar atentas para denunciar y actuar en contra de medidas que, como ya ocurrió con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ponen obstáculos en el derecho a la información y el ejercicio del periodismo.
No es fácil hacer fuentes, en contra pesan:
la poca confianza de los ciudadanos en la prensa;
la insatisfacción de los protagonistas de las informaciones con el tratamiento que los medios dan a los hechos y a sus declaraciones;
la exigua cultura democrática de participación de los ciudadanos en la vida pública;
la laxitud en la investigación periodística por falta de recursos y voluntad;
la relajación en el ejercicio de la función de control público por parte de los medios;
la manipulación y alineamiento ideológico;
la persistencia de una cultura autoritaria que ahoga las protestas y atenaza a posibles denunciantes.
La setencia del Constitucional es una muy mala noticia. También lo es que, como ya ocurrió con la reforma del procedimiento civil, no haya la mínima unidad entre editores, periodistas y fuerzas sociales para luchar contra estas amenazas, que acabarán por hacer el periodismo irrelevante.
Si aumentan las dificultades para la investigación, si un juez puede ahogar financieramente a un medio independiente mientras se tramitan los recursos, entonces la libertad de todos se resiente, pero sobre todo amenaza la propia supervivencia del periodismo.
Si las fuentes tienen miedo a identificarse proliferarán las anónimas, con la sempiterna sospecha sobre su veracidad, credibilidad e intereses. Deficiencias traspasadas al medio con la consiguiente pérdida de credibilidad.
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Comunicación
Aumentan las presiones contra las fuentes
Facilitar a un medio de comunicación información sobre acciones potencialmente peligrosas o irregulares de una empresa es ahora más difícil.
El Tribunal Constitucional ha fallado a favor del derecho a despedir a un empleado por proporcionar información a la prensa, según informaba El País el pasado día 12. Conforme a la sentencia, la libertad de empresa limita el derecho a la información pese a que los hechos dados a conocer por el empleado eran verdaderos y suponían un peligro potencial para la población cercana a una factoría.
Una mala noticia para el periodismo, su necesidad de encontrar fuentes identificables y fidedignas que revelen hechos de relevancia pública y permitan a la prensa ofrecer a los ciudadanos las noticias precisas para su mejor actuación pública y privada.
La desestimación del recurso de amparo hace prevalecer la libertad de empresa y su propiedad industrial sobre el derecho a la información, según la versión de El País. Mala señal que alerta sobre la regresión democrática de los últimos tiempos, cuando los valores de seguridad y propiedad están ganando terreno a la libertad y al ejercicio de la ciudadanía.
El derecho de los ciudadanos a estar informados de acontecimientos que les pudieran afectar en su seguridad, salud o medio ambiente queda amenazado. El tribunal sanciona el derecho de la empresa a despedir al empleado e impone una mordaza sobre quienes sientan la obligación de informar sobre hechos de relevancia pública.
Será más difícil encontrar fuentes dispuestas a dar su testimonio. La amenaza pesa. Es preocupante que el Constitucional haga prevalecer el comportamiento de una empresa sobre el derecho fundamental de los ciudadanos a la información y posiblemente su derecho a la salud y a su protección.
Las asociaciones de editores y periodistas deben estar atentas para denunciar y actuar en contra de medidas que, como ya ocurrió con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ponen obstáculos en el derecho a la información y el ejercicio del periodismo.
No es fácil hacer fuentes, en contra pesan:
la poca confianza de los ciudadanos en la prensa;
la insatisfacción de los protagonistas de las informaciones con el tratamiento que los medios dan a los hechos y a sus declaraciones;
la exigua cultura democrática de participación de los ciudadanos en la vida pública;
la laxitud en la investigación periodística por falta de recursos y voluntad;
la relajación en el ejercicio de la función de control público por parte de los medios;
la manipulación y alineamiento ideológico;
la persistencia de una cultura autoritaria que ahoga las protestas y atenaza a posibles denunciantes.
La setencia del Constitucional es una muy mala noticia. También lo es que, como ya ocurrió con la reforma del procedimiento civil, no haya la mínima unidad entre editores, periodistas y fuerzas sociales para luchar contra estas amenazas, que acabarán por hacer el periodismo irrelevante.
Si aumentan las dificultades para la investigación, si un juez puede ahogar financieramente a un medio independiente mientras se tramitan los recursos, entonces la libertad de todos se resiente, pero sobre todo amenaza la propia supervivencia del periodismo.
Si las fuentes tienen miedo a identificarse proliferarán las anónimas, con la sempiterna sospecha sobre su veracidad, credibilidad e intereses. Deficiencias traspasadas al medio con la consiguiente pérdida de credibilidad.
- Los Ciudadanos Tienen Derecho A Informar
Guía legal para blogueros (norteamericanos) Dentro de ella encontrarás un capítulo dedicado a los blogueros como periodistas ciudadanos. Allí se defiende que cualquier bloguero puede ser periodista en el momento que trabaje una información de relevancia...
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