Comunicación
En 2011 todos los ciudadanos deben poder acceder a una conexión a internet de al menos de un mega. Banda ancha, aunque un poco estrecha y veremos a qué precio, para todos. El ministro de Industria, Miguel Sebastián, anunció hoy en Ficod la extensión del servicio universal de telecomunicaciones.
Habrá que esperar más de un año, pero al fin se la banda ancha se reconoce como derecho imprescindible para la sociedad de la información.
Un paso que otros países europeos han dado o están dando y se responde a la consulta de la Comisión Europea.
Industria ha vivido una indefinición casi crónica con la extensión de la banda ancha. Con muchos meses sin pronunciarse, sectores de la Administración presionando y las telefónicas oponiéndose. Pero al final se ha llegado a un acuerdo cuando todo el mundo ve claro el futuro del mercado de acceso a las plataformas digitales y la necesidad de cambiar el obsoleto servicio universal: conexión telefónica básica pública.
El gobierno no pondrá en marcha la medida durante su presidencia europea en 2010. Pierde una oportunidad de presentarse como líder de la sociedad de la información cuando también se ha logrado un acuerdo, anunciado también hoy por la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde para no criminalizar a los usuarios de P2P por las descargas y perseguir a las webs de enlaces.
Se confirma que no habrá desconexión como permitió el Parlamento Europeo a principio de mes.
Dos medidas con las que el Gobierno quiere reconciliarse con los internautas y el desarrollo de la sociedad de la información después de meses de negociaciones, demasiado centrados en la televisión y muchas presiones de todos los sectores implicados.
La extensión del servicio universal marca un cambio de concepto en la prestación del servicio de telecomunicaciones vital en la era de la convergencia y reconoce la importancia de la conexión para todos los ciudadanos y la superación de la brecha digital en todo el territorio. Su implantación debería traer una mejora del servicio, tanto en velocidades como en precio, para lo que es imprescindible seguir agilizando la normativa de infraestructuras y urbanística y sostener la necesidad de inversión de las telefónicas.
Los derechos de los consumidores mejoran con el reconocimiento del derecho a compartir contenidos sin ánimo de lucro. Pero la gestión de los contenidos digitales sólo mejorará con un mejor acceso y mejor oferta.
La ministra de Cultura promete la creación antes de fin de año de un portal de contenidos audiovisuales de pago con "la mejor oferta y en las mejores condiciones", como prometió desde su llegada al ministerio Ignasi Guardans y se ha defendido desde muchos ámbitos.
Pero tan importante como estimular y ayudar a la industria es aumentar los contenidos públicos y ponerlos al alcance de los ciudadanos, así como ampliar los procomunes y el dominio público de las obras subvencionadas y pagadas con dinero público. Un cambio en el concepto de subvenciones y en las ayudas a los contenidos en el que hay que profundizar.
Los de hoy son dos pasos importantes que rompen cierta parálisis en la política del gobierno en el desarrollo de la sociedad de la información.
Responsables políticos del PSOE y del gobierno mostraban hoy su satisfacción por los anuncios. Pero todavía quedan muchos puntos de la Carta europea de derechos de los ciudadanos en la era digital por conseguir y muchos más para hacer de la ciudadanía digital una política de estado tan importante como la de los derechos y los servicios públicos fundamentales.
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Habrá que esperar más de un año, pero al fin se la banda ancha se reconoce como derecho imprescindible para la sociedad de la información.
Un paso que otros países europeos han dado o están dando y se responde a la consulta de la Comisión Europea.
Industria ha vivido una indefinición casi crónica con la extensión de la banda ancha. Con muchos meses sin pronunciarse, sectores de la Administración presionando y las telefónicas oponiéndose. Pero al final se ha llegado a un acuerdo cuando todo el mundo ve claro el futuro del mercado de acceso a las plataformas digitales y la necesidad de cambiar el obsoleto servicio universal: conexión telefónica básica pública.
El gobierno no pondrá en marcha la medida durante su presidencia europea en 2010. Pierde una oportunidad de presentarse como líder de la sociedad de la información cuando también se ha logrado un acuerdo, anunciado también hoy por la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde para no criminalizar a los usuarios de P2P por las descargas y perseguir a las webs de enlaces.
Se confirma que no habrá desconexión como permitió el Parlamento Europeo a principio de mes.
Dos medidas con las que el Gobierno quiere reconciliarse con los internautas y el desarrollo de la sociedad de la información después de meses de negociaciones, demasiado centrados en la televisión y muchas presiones de todos los sectores implicados.
La extensión del servicio universal marca un cambio de concepto en la prestación del servicio de telecomunicaciones vital en la era de la convergencia y reconoce la importancia de la conexión para todos los ciudadanos y la superación de la brecha digital en todo el territorio. Su implantación debería traer una mejora del servicio, tanto en velocidades como en precio, para lo que es imprescindible seguir agilizando la normativa de infraestructuras y urbanística y sostener la necesidad de inversión de las telefónicas.
Los derechos de los consumidores mejoran con el reconocimiento del derecho a compartir contenidos sin ánimo de lucro. Pero la gestión de los contenidos digitales sólo mejorará con un mejor acceso y mejor oferta.
La ministra de Cultura promete la creación antes de fin de año de un portal de contenidos audiovisuales de pago con "la mejor oferta y en las mejores condiciones", como prometió desde su llegada al ministerio Ignasi Guardans y se ha defendido desde muchos ámbitos.
Pero tan importante como estimular y ayudar a la industria es aumentar los contenidos públicos y ponerlos al alcance de los ciudadanos, así como ampliar los procomunes y el dominio público de las obras subvencionadas y pagadas con dinero público. Un cambio en el concepto de subvenciones y en las ayudas a los contenidos en el que hay que profundizar.
Los de hoy son dos pasos importantes que rompen cierta parálisis en la política del gobierno en el desarrollo de la sociedad de la información.
Responsables políticos del PSOE y del gobierno mostraban hoy su satisfacción por los anuncios. Pero todavía quedan muchos puntos de la Carta europea de derechos de los ciudadanos en la era digital por conseguir y muchos más para hacer de la ciudadanía digital una política de estado tan importante como la de los derechos y los servicios públicos fundamentales.
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