Comunicación
Cultura vigilará internet para castigar las descargas. El Gobierno introduce en la ley de economía sostenible la censura administrativa de las páginas con enlaces a contenido ajeno. No se castigará directamente a los usuarios ni se cortará su conexión, como ya se había prometido, pero se perseguirá a quienes enlacen material sujeto a derechos de propiedad intelectual.
Podrán ser desconectadas o censuradas administrativamente, sin orden judicial, por una Comisión de la Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura.
Los derechos económicos por encima de los derechos fundamentales como el secreto de las comunicaciones, la intimidad, la libertad, las garantías judiciales, el derecho a la educación, a la información, a la cultura, etc.
El Ministerio de Cultura se convierte en la pesadilla orwelliana. El Ministerio de la Verdad, encargado de regir sobre lo que debe saberse y cómo, y el de la Abundancia, atento a no dejar gozar a los ciudadanos de la riqueza para que siempre echen de menos la benefactora y patriarcal protección del Estado y los poderes.
La presión de la industria cultural y del entretenimiento, con los músicos reclamando una ley gremial, los medios en busca de rentabilizar sus contenidos a toda costa por la crisis y la falta de alternativas de negocio, conducen a malas decisiones.
Y además serán inútiles para todos aquellos que de verdad quieren apropiarse de lo ajeno, porque existen muchas formas de enmascarar y burlar la vigilancia de las direcciones de los usuarios y de los contenidos compartidos. Hasta ahora servían sobre todo para burlar a dictaduras y opresores, ahora se comenzarán a usar también para defender libertades fundamentales.
El Gobierno adopta las ventajas de los acuerdos regresivos del Parlamento Europeo y el Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) y condena a internet a una libertad vigilada sin adoptar la medida extrema de desconectar a los usuarios.
La libertad queda cercenada y el negocio no se salvará.
Las leyes especiales tienden a ser dañinas. Las malas conductas en internet deben perseguirse con la ley ordinaria, sin excepciones. Y lo mismo las responsabilidades civiles o económicas.
Hasta ahora así lo entendía la legislación española al no considerar delito el P2P y perseguir sólo a quienes se lucraban con material ajeno.
Cultura se dedicará a vigilar a todos bajo la lupa de una comisión donde el peso de los lobbies de la propiedad intelectual y de quienes defienden negocios forzados a cambiar.
La ley de economía sostenible no aclara qué enlaces y qué contenidos se perseguirán, ni tampoco alude al derecho de cita, pero impone arbitrajes y contratos donde ahora sólo hay enlaces y rutas que permiten a los internautas encontrar información, datos y contenidos.
¿Es eso ilegal?
¿Cerrarán o impondrán contratos a páginas como Menéame donde se recomiendan enlaces o a los blogs y tuiteos que incluyan rutas para llegar a contenidos alojados en otras páginas?
La intención es presionar a las webs que se lucran con contenidos ajenos, pero la implementación asusta porque para perseguir daños económicos se pueden dañar derechos fundamentales.
Una ley de economía sostenible y un Ministerio de Cultura deberían luchar por el mayor acceso posible de los ciudadanos a la información, la cultura y la educación. Deberían aumentar la capacidad de acceso y aumentar los contenidos de dominio público y los procomunes, especialmente los financiados con dinero público.
Más fondos públicos para ampliar el acceso a los contenidos públicos -bibliotecas, filmotecas, medios públicos, museos, archivos, contenidos de la Administración, etc.- y menos para financiar las iniciativas de la industria del entretenimiento.
Triste hipocresía para un gobierno socialista.
La incapacidad para entender la revolución digital nubla el juicio de muchos y lleva a perseguir a los mayores seguidores y consumidores de todo tipo de información y cultura.
Nadie niega los problemas de la industria de los contenidos. Pero su solución no está en perseguir a ciudadanos y emprendedores con leyes especiales y sin garantías legales adecuadas.
Las leyes del Ministerio de la Abundancia son mantener y controlar la escasez para sostener el control y el poder. Parcelar internet con vallas y espacios privados porque ni algunas mentes ni algunos negocios soportan la abundancia del mayor espacio público y de libertad creado jamás.
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No es gratis. Ni la cultura, ni el entretenimiento, ni Internet. No es gratis crear, producir contenidos o información, ni defender derechos y libertades fundamentales. No es una pugna entre perseguidores de gangas y autores explotados. Es un debate...
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Una sedición ha explotado en Internet contra una 'ley de economía insostenible' en el mundo digital. Los ciudadanos se revuelven cansados de la letanía de artistas, productoras, discográficas. y se lanza un manifiesto En defensa de los derechos...
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El Gobierno, la industria del entretenimiento y las operadoras de telecomunicaciones negocian el bloqueo administrativo de las páginas con enlaces P2P, informa Público. Es un paso más en la persecución de un cambio radical en la distribución de los...
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Es más fácil perseguir a los ciudadanos que fomentar una ciencia y una cultura más participativas y abiertas. Y es más fácil y rápido hacerlo sin control judicial. El beneficio de unos pocos se impone a los derechos de todos y los intereses particulares...
Comunicación
De Ministerio de Cultura a vigilante de la propiedad
Cultura vigilará internet para castigar las descargas. El Gobierno introduce en la ley de economía sostenible la censura administrativa de las páginas con enlaces a contenido ajeno. No se castigará directamente a los usuarios ni se cortará su conexión, como ya se había prometido, pero se perseguirá a quienes enlacen material sujeto a derechos de propiedad intelectual.
Podrán ser desconectadas o censuradas administrativamente, sin orden judicial, por una Comisión de la Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura.
Los derechos económicos por encima de los derechos fundamentales como el secreto de las comunicaciones, la intimidad, la libertad, las garantías judiciales, el derecho a la educación, a la información, a la cultura, etc.
El Ministerio de Cultura se convierte en la pesadilla orwelliana. El Ministerio de la Verdad, encargado de regir sobre lo que debe saberse y cómo, y el de la Abundancia, atento a no dejar gozar a los ciudadanos de la riqueza para que siempre echen de menos la benefactora y patriarcal protección del Estado y los poderes.
La presión de la industria cultural y del entretenimiento, con los músicos reclamando una ley gremial, los medios en busca de rentabilizar sus contenidos a toda costa por la crisis y la falta de alternativas de negocio, conducen a malas decisiones.
Y además serán inútiles para todos aquellos que de verdad quieren apropiarse de lo ajeno, porque existen muchas formas de enmascarar y burlar la vigilancia de las direcciones de los usuarios y de los contenidos compartidos. Hasta ahora servían sobre todo para burlar a dictaduras y opresores, ahora se comenzarán a usar también para defender libertades fundamentales.
El Gobierno adopta las ventajas de los acuerdos regresivos del Parlamento Europeo y el Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) y condena a internet a una libertad vigilada sin adoptar la medida extrema de desconectar a los usuarios.
La libertad queda cercenada y el negocio no se salvará.
Las leyes especiales tienden a ser dañinas. Las malas conductas en internet deben perseguirse con la ley ordinaria, sin excepciones. Y lo mismo las responsabilidades civiles o económicas.
Hasta ahora así lo entendía la legislación española al no considerar delito el P2P y perseguir sólo a quienes se lucraban con material ajeno.
Cultura se dedicará a vigilar a todos bajo la lupa de una comisión donde el peso de los lobbies de la propiedad intelectual y de quienes defienden negocios forzados a cambiar.
La ley de economía sostenible no aclara qué enlaces y qué contenidos se perseguirán, ni tampoco alude al derecho de cita, pero impone arbitrajes y contratos donde ahora sólo hay enlaces y rutas que permiten a los internautas encontrar información, datos y contenidos.
¿Es eso ilegal?
¿Cerrarán o impondrán contratos a páginas como Menéame donde se recomiendan enlaces o a los blogs y tuiteos que incluyan rutas para llegar a contenidos alojados en otras páginas?
La intención es presionar a las webs que se lucran con contenidos ajenos, pero la implementación asusta porque para perseguir daños económicos se pueden dañar derechos fundamentales.
Una ley de economía sostenible y un Ministerio de Cultura deberían luchar por el mayor acceso posible de los ciudadanos a la información, la cultura y la educación. Deberían aumentar la capacidad de acceso y aumentar los contenidos de dominio público y los procomunes, especialmente los financiados con dinero público.
Más fondos públicos para ampliar el acceso a los contenidos públicos -bibliotecas, filmotecas, medios públicos, museos, archivos, contenidos de la Administración, etc.- y menos para financiar las iniciativas de la industria del entretenimiento.
Triste hipocresía para un gobierno socialista.
La incapacidad para entender la revolución digital nubla el juicio de muchos y lleva a perseguir a los mayores seguidores y consumidores de todo tipo de información y cultura.
Nadie niega los problemas de la industria de los contenidos. Pero su solución no está en perseguir a ciudadanos y emprendedores con leyes especiales y sin garantías legales adecuadas.
Las leyes del Ministerio de la Abundancia son mantener y controlar la escasez para sostener el control y el poder. Parcelar internet con vallas y espacios privados porque ni algunas mentes ni algunos negocios soportan la abundancia del mayor espacio público y de libertad creado jamás.
- Legislar Contra La Sociedad De La Información
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