Es la política, aclara el Supremo al PP
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Es la política, aclara el Supremo al PP


No hay ningún delito en las reuniones entre políticos democrátas y Batasuna para llegar a un acuerdo para la pacificación del País Vasco. Es la política, no la justicia, la que debe establecer cómo se avanza hacia la paz y en la Ley de Partidos no hay ninguna medida expresa que limite contactos con una formación ilegalizada (artículo 12).
Son los argumentos del Tribunal Supremo para no admitir a trámite la querella que el sindicato Manos Limpias, heredero de la ultraderechista Fuerza Nueva, interpuso por la reunión de los socialistas Patxi López y Rodolfo Ares con Arnaldo Otegui el 6 de julio pasado.
El varapalo para el Partido Popular es inmenso. Mariano Rajoy y el resto de sus líderes se quedan sin la coartada de la ilegalidad de los contactos.
Menos mal. De no ser así también se podría juzgar a José María Aznar y a miembros de su gobierno por los contactos con ETA en el anterior intento de paz, cuando Batasuna era todavía legal.
El primer consenso propuesto por Rajoy ayer mismo en la celebración de la Constitución, por los suelos.
Hablar es necesario para acallar las armas. Otra cosa es defender que se haga sin más concesiones que las contempladas por la Constitución y el Pacto Antiterrorista.
Hablaba Rajoy de volver a ese pacto. Vale la pena recordar sus principales propuestas:
El gobierno dirige la política antiterrorista y la oposición debe apoyarla. De la violencia terrorista no se extraerá ventaja o rédito político alguno. La paz, la convivencia libre y el respeto a los derechos humanos son valores no negociables. La política penitenciaria contemplará las formas de reinserción de aquellos que abandonen la organización terrorista y muestren actitudes inequívocas de arrepentimiento y voluntad de resocialización. Las víctimas del terrorismo constituyen nuestra principal preocupación. La erradicación de la violencia terrorista no es tarea exclusiva de los partidos políticos, exige el compromiso activo de instituciones, gobiernos y ciudadanos en la afirmación constante de los valores cívicos y democráticos. Compromiso firme de trabajo en común.
Es la política, dice el Supremo al PP. Más política y oposición legítima. Bienvenido el control al gobierno para impedir excesos, tentaciones y traiciones. Pero el Pacto no legitima ahogar un proceso tan complicado e importante por falta de política responsable y exceso de negativismo.
Una coartada menos para no trabajar por la paz.




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