Comunicación
La proposición no de ley socialista para fomentar el software libre ha provocado un fuerte debate. Los socialistas, encabezados por la diputada Lourdes Muñoz Santamaría, defienden el proyecto aprobado finalmente (pdf). Con ellos, grupos, colectivos y personas individuales a las que les parece un avance.
A mí y a otros (más y más), no.
Las razones principales son:
1. No traslademos el buenismo al software. O se toman medidas específicas, con contenido, fondos y disposiciones concretas, o una declaración vale de bien poco. Frases como "fomentar y garantizar" (punto 3), "profundizar en las políticas de I+D+i que favorezcan la industria y el desarrollo de software libre y de código abierto" (punto 4) son etéreas si no se concreta.
2. Hace un año el PSOE se opuso a una proposición de ley para la implantación del software libre en la administración del estado.
Su único problema era la exclusividad: sólo admitía software libre en la administración.
Cambiar esa exclusividad por un fomento real con medidas concretas hubiera sido suficiente.
3. En aquella iniciativa (pdf) había una definición (artículo 1) acertada; acogía con buen sentido que la creación de software con dinero público (subvenciones y ayudas) debería ser para software de dominio público (artículo 8), y la disponibilidad del código para traducir los programas y aplicaciones a las diferentes lenguas españolas era real (artículo 3).
4. Una opción legítima y correcta es no hacer nada por el software libre. Dejar que compita libremente con el propietario asegurando únicamente la legalidad y la igualdad, como corresponde en cualquier acción del estado. Es una magnífica opción.
El problema es que hoy esa igualdad no existe. La mayoría de las administraciones utilizan software propietario sin parase a analizar otras posibilidades.
Un ejemplo sencillo: ¿cuántos políticos y administraciones utilizan Open Office para escribir una carta o crear una hoja de datos? ¿Y Firefox en los navegadores de sus ordenadores? Por no hablar de las bases de datos de la administración o llegar al sistema operativo como en Extremadura (todo un ejemplo).
5. Si se hace algo, debe ser real. Punto 7 de la proposición no de ley: "Introducir el criterio de que en todo concurso público o compra de aplicaciones o desarrollos a medida por parte de la Administración Pública se deben evaluar tanto las soluciones de software libre como las de software propietario, en caso de existir, bajo los criterios de coste, funcionalidad, seguridad e interoperabilidad, evitando recomendaciones o preferencias sólo en función del tipo de licencia de la solución" (las negritas son mías).
Faltaba más. Con el software libre y con cualquier otra cosa: igualdad ante la ley y en la contratación pública.
Esa igualdad ahora mismo no existe. El poder de las grandes compañías informáticas es demasiado grande, como demuesta la propia proposición, que calca los argumentos de la Iniciativa para la Elección de Software.
Sólo hay que ver quiénes la forman.
6. Voy a las negritas: "evitando recomendaciones o preferencias sólo en función del tipo de licencia". Completamente en contra por una razón que explicaba bien la anterior proposición de ley de IU y ERC con el apoyo del BNG y la Chunta Aragonesista: cuando la administración adquiere software libre puede abrirlo (según licencia, no todas son iguales) para su uso por los ciudadanos de acuerdo a los 10 criterios de la Open Source Definition, que protegen al autor del programa y sus derechos así como a quienes lo disfrutan.
7. Libre no es gratuito. Libre no significa no pagar a los desarrolladores, integradores, instaladores, etc. Lo libre se vende y se cobra por su desarrollo y mantenimiento. La diferencia es entre gasto e inversión.
8. Libre no es más ni menos competitivo: evaluar "bajo los criterios de coste, funcionalidad, seguridad e interoperabilidad". Siempre que sea igual o mejor, libre.
Por una única y gran razón: si es libre es para todos. De lo contrario seguirá siendo un consumible en lugar de una inversión.
Si es libre puede pasar al dominio público y servir para el fomento de la innovación y la competencia, ya que más desarrolladores podrán trabajar sobre el original para ofrecer a la administración y al mercado nuevas y mejores soluciones.
No se trata de aplaudir el software libre como elemento propagandístico. Tampoco de penalizar al resto. Simplemente creemos que no se deben mantener los obstáculos con los que se encuentra por inercia, desconocimiento y dificultades para la competencia.
Más competencia, más igualdad.
Más libertad en igualdad de condiciones.
No menos. Sólo eso. Las restricciones al mercado las ponen los otros. Es oportuno no olvidarse.
En el blog de la diputada Lourdes Muñoz se pueden leer sus argumentos. Recomiendo los de los ciudadanos expresados en los comentarios (1 y 2). Recogen prácticamente todas las razones que unos cuantos compartimos.
Curiosidad: ¿Por qué los dos primeros diarios españoles (El País y El Mundo) tienen enviados especiales en Le Web 3 y nadie ha hecho más información sobre este tema y esta proposición que la remitida en una nota de agencia sobre el pleno? Por supuesto, de análisis y opinión, nada.
P21 | Iniciativa falsa por el software libre
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Comunicación
Igualdad para el software libre
La proposición no de ley socialista para fomentar el software libre ha provocado un fuerte debate. Los socialistas, encabezados por la diputada Lourdes Muñoz Santamaría, defienden el proyecto aprobado finalmente (pdf). Con ellos, grupos, colectivos y personas individuales a las que les parece un avance.
A mí y a otros (más y más), no.
Las razones principales son:
1. No traslademos el buenismo al software. O se toman medidas específicas, con contenido, fondos y disposiciones concretas, o una declaración vale de bien poco. Frases como "fomentar y garantizar" (punto 3), "profundizar en las políticas de I+D+i que favorezcan la industria y el desarrollo de software libre y de código abierto" (punto 4) son etéreas si no se concreta.
2. Hace un año el PSOE se opuso a una proposición de ley para la implantación del software libre en la administración del estado.
Su único problema era la exclusividad: sólo admitía software libre en la administración.
Cambiar esa exclusividad por un fomento real con medidas concretas hubiera sido suficiente.
3. En aquella iniciativa (pdf) había una definición (artículo 1) acertada; acogía con buen sentido que la creación de software con dinero público (subvenciones y ayudas) debería ser para software de dominio público (artículo 8), y la disponibilidad del código para traducir los programas y aplicaciones a las diferentes lenguas españolas era real (artículo 3).
4. Una opción legítima y correcta es no hacer nada por el software libre. Dejar que compita libremente con el propietario asegurando únicamente la legalidad y la igualdad, como corresponde en cualquier acción del estado. Es una magnífica opción.
El problema es que hoy esa igualdad no existe. La mayoría de las administraciones utilizan software propietario sin parase a analizar otras posibilidades.
Un ejemplo sencillo: ¿cuántos políticos y administraciones utilizan Open Office para escribir una carta o crear una hoja de datos? ¿Y Firefox en los navegadores de sus ordenadores? Por no hablar de las bases de datos de la administración o llegar al sistema operativo como en Extremadura (todo un ejemplo).
5. Si se hace algo, debe ser real. Punto 7 de la proposición no de ley: "Introducir el criterio de que en todo concurso público o compra de aplicaciones o desarrollos a medida por parte de la Administración Pública se deben evaluar tanto las soluciones de software libre como las de software propietario, en caso de existir, bajo los criterios de coste, funcionalidad, seguridad e interoperabilidad, evitando recomendaciones o preferencias sólo en función del tipo de licencia de la solución" (las negritas son mías).
Faltaba más. Con el software libre y con cualquier otra cosa: igualdad ante la ley y en la contratación pública.
Esa igualdad ahora mismo no existe. El poder de las grandes compañías informáticas es demasiado grande, como demuesta la propia proposición, que calca los argumentos de la Iniciativa para la Elección de Software.
Sólo hay que ver quiénes la forman.
6. Voy a las negritas: "evitando recomendaciones o preferencias sólo en función del tipo de licencia". Completamente en contra por una razón que explicaba bien la anterior proposición de ley de IU y ERC con el apoyo del BNG y la Chunta Aragonesista: cuando la administración adquiere software libre puede abrirlo (según licencia, no todas son iguales) para su uso por los ciudadanos de acuerdo a los 10 criterios de la Open Source Definition, que protegen al autor del programa y sus derechos así como a quienes lo disfrutan.
7. Libre no es gratuito. Libre no significa no pagar a los desarrolladores, integradores, instaladores, etc. Lo libre se vende y se cobra por su desarrollo y mantenimiento. La diferencia es entre gasto e inversión.
8. Libre no es más ni menos competitivo: evaluar "bajo los criterios de coste, funcionalidad, seguridad e interoperabilidad". Siempre que sea igual o mejor, libre.
Por una única y gran razón: si es libre es para todos. De lo contrario seguirá siendo un consumible en lugar de una inversión.
Si es libre puede pasar al dominio público y servir para el fomento de la innovación y la competencia, ya que más desarrolladores podrán trabajar sobre el original para ofrecer a la administración y al mercado nuevas y mejores soluciones.
No se trata de aplaudir el software libre como elemento propagandístico. Tampoco de penalizar al resto. Simplemente creemos que no se deben mantener los obstáculos con los que se encuentra por inercia, desconocimiento y dificultades para la competencia.
Más competencia, más igualdad.
Más libertad en igualdad de condiciones.
No menos. Sólo eso. Las restricciones al mercado las ponen los otros. Es oportuno no olvidarse.
En el blog de la diputada Lourdes Muñoz se pueden leer sus argumentos. Recomiendo los de los ciudadanos expresados en los comentarios (1 y 2). Recogen prácticamente todas las razones que unos cuantos compartimos.
Curiosidad: ¿Por qué los dos primeros diarios españoles (El País y El Mundo) tienen enviados especiales en Le Web 3 y nadie ha hecho más información sobre este tema y esta proposición que la remitida en una nota de agencia sobre el pleno? Por supuesto, de análisis y opinión, nada.
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