Comunicación
La SGAE ha encargado a varios profesores del Instituto de Empresa agrupados en la consultora Econlaw un informe a favor del canon digital para rebatir el emitido por la comisión asesora del Ministerio de Industria.
Es el último paso de la campaña de la sociedad de gestión para frenar las reacciones negativas que ha suscitado la ampliación del canon digital sobre los soportes capaces de grabar contenidos.
Francisco Galindo, secretario general de la Fundación Autor, anunció también la creación de un "observatorio permanente" de la copia privada que estaría integrado por la propia Fundación Autor, el Instituto de Empresa y Econlaw.
Los autores del informe parten de la premisa de que "los contenidos que navegan por las redes digitales son los que justifican o explican la propia existencia y el crecimiento de la sociedad de la información" y retiran a los ciudadanos su papel en la comunicación y en el intercambio de ideas y contenidos.
Destacan que "entre las limitaciones que el Derecho español establece a la reproducción de la obra (...) se encuentra la realización de copias privadas". El documento cuestiona el derecho a la copia privada y justifica la extensión del canon a todos los soportes de grabación sin dilucidar el origen de las obras y quién es el propietario de sus derechos (copias legítimas de datos, contenidos y archivos privados, obras de dominio público, etc.).
El informe de la SGAE se opone a la utilización de otros métodos de control de la propiedad intelectual como los propuestos por la comisión asesora porque el canon "genera un sistema con unos costes de implementación, gestión y control más razonables que los asociados a un sistema que pretendiera el cobro de este recargo directamente a los usuarios finales de los equipos o dispositivos".
Parece el meollo de la cuestión. La SGAE quiere proteger los derechos de los autores con el menor coste posible y la gestión más sencilla. El canon, generalista y sin discriminación, es lo más directo y barato. Se cobra por todo, independientemente de su uso y de los derechos de los clientes y ciudadanos.
El problema es que los ciudadanos y clientes también tienen derechos tan universales y válidos como los de los autores.
Cabe recordar que la SGAE también se ha negado al arbitraje de precios de los derechos propuesto en la reforma de la ley.
El canon indiscriminado se defiende en el informe con el argumento de que "la utilización de soportes digitales para la realización de copias privadas es un hecho constatado empíricamente en diversos informes que acreditan una utilización masiva de los nuevos dispositivos y soportes para realizar copias de contenidos amparados y protegidos por derechos de propiedad intelectual".
Todos sospechosos por la estadística. Todos culpables antes de tiempo. Sin derecho a ser escuchados, a defender los derechos propios. Todos a pagar por anticipado, sea o no legítimo el uso de los soportes de grabación.
Los expertos del Instituto de Empresa no tienen en cuenta los perjuicios de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual resaltados por los asesores de Industria.
Los derechos de los autores con el mínimo coste y esfuerzo para las sociedades de gestión a costa de los derechos de todos.
Richard Stallman entretanto defendía en San Sebastián las ventajas del software libre y explicaba la diferencia entre imponer y facilitar la cooperación.
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Comunicación
La SGAE publica un informe a favor del canon
La SGAE ha encargado a varios profesores del Instituto de Empresa agrupados en la consultora Econlaw un informe a favor del canon digital para rebatir el emitido por la comisión asesora del Ministerio de Industria.
Es el último paso de la campaña de la sociedad de gestión para frenar las reacciones negativas que ha suscitado la ampliación del canon digital sobre los soportes capaces de grabar contenidos.
Francisco Galindo, secretario general de la Fundación Autor, anunció también la creación de un "observatorio permanente" de la copia privada que estaría integrado por la propia Fundación Autor, el Instituto de Empresa y Econlaw.
Los autores del informe parten de la premisa de que "los contenidos que navegan por las redes digitales son los que justifican o explican la propia existencia y el crecimiento de la sociedad de la información" y retiran a los ciudadanos su papel en la comunicación y en el intercambio de ideas y contenidos.
Destacan que "entre las limitaciones que el Derecho español establece a la reproducción de la obra (...) se encuentra la realización de copias privadas". El documento cuestiona el derecho a la copia privada y justifica la extensión del canon a todos los soportes de grabación sin dilucidar el origen de las obras y quién es el propietario de sus derechos (copias legítimas de datos, contenidos y archivos privados, obras de dominio público, etc.).
El informe de la SGAE se opone a la utilización de otros métodos de control de la propiedad intelectual como los propuestos por la comisión asesora porque el canon "genera un sistema con unos costes de implementación, gestión y control más razonables que los asociados a un sistema que pretendiera el cobro de este recargo directamente a los usuarios finales de los equipos o dispositivos".
Parece el meollo de la cuestión. La SGAE quiere proteger los derechos de los autores con el menor coste posible y la gestión más sencilla. El canon, generalista y sin discriminación, es lo más directo y barato. Se cobra por todo, independientemente de su uso y de los derechos de los clientes y ciudadanos.
El problema es que los ciudadanos y clientes también tienen derechos tan universales y válidos como los de los autores.
Cabe recordar que la SGAE también se ha negado al arbitraje de precios de los derechos propuesto en la reforma de la ley.
El canon indiscriminado se defiende en el informe con el argumento de que "la utilización de soportes digitales para la realización de copias privadas es un hecho constatado empíricamente en diversos informes que acreditan una utilización masiva de los nuevos dispositivos y soportes para realizar copias de contenidos amparados y protegidos por derechos de propiedad intelectual".
Todos sospechosos por la estadística. Todos culpables antes de tiempo. Sin derecho a ser escuchados, a defender los derechos propios. Todos a pagar por anticipado, sea o no legítimo el uso de los soportes de grabación.
Los expertos del Instituto de Empresa no tienen en cuenta los perjuicios de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual resaltados por los asesores de Industria.
Los derechos de los autores con el mínimo coste y esfuerzo para las sociedades de gestión a costa de los derechos de todos.
Richard Stallman entretanto defendía en San Sebastián las ventajas del software libre y explicaba la diferencia entre imponer y facilitar la cooperación.
Escolar | La SGAE defiende su canon
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