Comunicación
Vodafone sigue a Telefónica en la ofensiva contra la neutralidad de la red. Las telecomunicaciones señalan el intento de cambio de rumbo en el Mobile World Congress de Barcelona, el mayor escaparate de los móviles y de la internet móvil, donde la neutralidad de red no existe y los operadores gestionan en función de sus necesidades y de la capacidad técnica.
La campaña de las telecos para conseguir cobrar por el tráfico de datos según los contenidos que se transmitan avanza en busca de un pacto en la presidencia española de la Unión Europea.
A las principales consultoras del sector internacionales se suma Deloitte, que también apoya el fin de las tarifas planas y una opción de discriminación limitada con diferentes grados de servicio para proteger el negocio de las telefónicas e imponer el cobro a los grandes proveedores de contenidos, de los buscadores a los servicios de voz sobre internet (voip) o de vídeo.
El ministro de Industria, Miguel Sebastián, ya ha avisado al gobierno: hay que discutir un cambio en la neutralidad de la red y aprovechar el semestre de presidencia comunitaria para hacerlo.
Berec, el nuevo regulador de telecomunicaciones, ya tenía previsto tratar este año una nueva definición de la neutralidad de la red.
Las posturas se dividen entre quienes defienden la neutralidad, como acaba de hacer el gobierno Obama a través de la FCC, el regulador norteamericano. Los que aceptan una discriminación limitada, como la propuesta en Gran Bretaña y que se abre paso en Europa. Y los que piden el pago para primar los servicios de datos, un sistema similar al de los operadores de televisión de pago, cable, satélite o iptv.
Las grandes telefónicas comparten con los grandes grupos de comunicación la intención de cobrar por los contenidos en las redes y el enlace.
Mientras el ministro Sebastián habla con las telefónicas y apoya sus demandas, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega tiene previsto abrir una nueva ronda de reuniones con los medios de comunicación en los próximos días para estudiar los métodos de ayudas a la prensa. Entre ellas, la petición de todas las asociaciones de editores, tanto de medios de pago como gratuitos, de estudiar el cobro por el enlace y los contenidos a los medios de internet: buscadores y agregadores principalmente.
Medios y telefónicas pretenden recuperar el control sobre los contenidos y su distribución. Para la industria, los buscadores y las grandes empresas de internet se han hecho con ellos. Lo mismo ocurre en el vídeo en internet, con Google y las redes sociales como principales amenazas para los medios. Y en la internet móvil, el paraíso deseado del pago, las aplicaciones para móviles amenazan con reducir el negocio y el control de las operadoras.
La mayoría de los creadores y las gestoras de contenidos impulsan el endurecimiento de la legislación de propiedad intelectual, tal como ha sido recogido en el proyecto de ley de economía sostenible (LES) y ya aceptado con ciertas modificaciones por los grupos del Congreso. A pesar de informes en contra como los de la Comisión de la Competencia y el del Consejo Fiscal, la facultad del Ministerio de Cultura de proponer el cierre de webs por las descargas saldrá adelante, como repiten los ministros involucrados.
A las telecos no les gusta la solución de la LES. Ni el endurecimiento de los derechos de propiedad intelectual ni tampoco la violación del secreto de las comunicaciones para aportar datos de los infractores. Por eso prefieren y proponen un pacto para reducir la neutralidad de la red, una solución que podría ser mejor aceptada por todos y tener menos impacto en la opinión pública.
El objetivo de las telecos es controlar los contenidos que distribuyen por sus redes, bien con la imposición de licencias de pago o ampliando las actuales posibilidades de discriminación técnica. De esa forma se podrían establecer alianzas con los medios para primar su velocidad y sus contenidos en el caso de que las autoridades europeas no aceptasen limitar comercialmente la neutralidad.
En España, el apoyo del Ministerio de Industria sería la contrapartida por la nueva financiación de RTVE, que grava a las operadoras nacionales con un 0,9% de su facturación y por la promesa de Miguel Sebastián de la extensión del servicio universal de telecomunicaciones a un mega de banda ancha.
Las operadoras están en pleno proceso de inversión en las redes de nueva generación y crecen las quejas por la escasa financiación pública. El ejecutivo de Zapatero se resiste a una mayor inversión en redes y a promulgar nuevos impuestos para su extensión como el defendido en Gran Bretaña.
La televisión es la otra gran interesada en el fin de la neutralidad. Lo ha sido siempre con sus presiones en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual contra el audiovisual en internet. 2010 será el año de la convergencia de la televisión con internet cuando toda la televisión es digital con la TDT.
Poco a poco se fragua un pacto buscado por muchos. Está por ver cómo evoluciona y si las autoridades europeas y los reguladores, entre ellos el español, están a favor de un cambio semejante.
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Pacto contra la neutralidad de la red
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A las principales consultoras del sector internacionales se suma Deloitte, que también apoya el fin de las tarifas planas y una opción de discriminación limitada con diferentes grados de servicio para proteger el negocio de las telefónicas e imponer el cobro a los grandes proveedores de contenidos, de los buscadores a los servicios de voz sobre internet (voip) o de vídeo.
El ministro de Industria, Miguel Sebastián, ya ha avisado al gobierno: hay que discutir un cambio en la neutralidad de la red y aprovechar el semestre de presidencia comunitaria para hacerlo.
Berec, el nuevo regulador de telecomunicaciones, ya tenía previsto tratar este año una nueva definición de la neutralidad de la red.
Las posturas se dividen entre quienes defienden la neutralidad, como acaba de hacer el gobierno Obama a través de la FCC, el regulador norteamericano. Los que aceptan una discriminación limitada, como la propuesta en Gran Bretaña y que se abre paso en Europa. Y los que piden el pago para primar los servicios de datos, un sistema similar al de los operadores de televisión de pago, cable, satélite o iptv.
Las grandes telefónicas comparten con los grandes grupos de comunicación la intención de cobrar por los contenidos en las redes y el enlace.
Mientras el ministro Sebastián habla con las telefónicas y apoya sus demandas, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega tiene previsto abrir una nueva ronda de reuniones con los medios de comunicación en los próximos días para estudiar los métodos de ayudas a la prensa. Entre ellas, la petición de todas las asociaciones de editores, tanto de medios de pago como gratuitos, de estudiar el cobro por el enlace y los contenidos a los medios de internet: buscadores y agregadores principalmente.
Medios y telefónicas pretenden recuperar el control sobre los contenidos y su distribución. Para la industria, los buscadores y las grandes empresas de internet se han hecho con ellos. Lo mismo ocurre en el vídeo en internet, con Google y las redes sociales como principales amenazas para los medios. Y en la internet móvil, el paraíso deseado del pago, las aplicaciones para móviles amenazan con reducir el negocio y el control de las operadoras.
La mayoría de los creadores y las gestoras de contenidos impulsan el endurecimiento de la legislación de propiedad intelectual, tal como ha sido recogido en el proyecto de ley de economía sostenible (LES) y ya aceptado con ciertas modificaciones por los grupos del Congreso. A pesar de informes en contra como los de la Comisión de la Competencia y el del Consejo Fiscal, la facultad del Ministerio de Cultura de proponer el cierre de webs por las descargas saldrá adelante, como repiten los ministros involucrados.
A las telecos no les gusta la solución de la LES. Ni el endurecimiento de los derechos de propiedad intelectual ni tampoco la violación del secreto de las comunicaciones para aportar datos de los infractores. Por eso prefieren y proponen un pacto para reducir la neutralidad de la red, una solución que podría ser mejor aceptada por todos y tener menos impacto en la opinión pública.
El objetivo de las telecos es controlar los contenidos que distribuyen por sus redes, bien con la imposición de licencias de pago o ampliando las actuales posibilidades de discriminación técnica. De esa forma se podrían establecer alianzas con los medios para primar su velocidad y sus contenidos en el caso de que las autoridades europeas no aceptasen limitar comercialmente la neutralidad.
En España, el apoyo del Ministerio de Industria sería la contrapartida por la nueva financiación de RTVE, que grava a las operadoras nacionales con un 0,9% de su facturación y por la promesa de Miguel Sebastián de la extensión del servicio universal de telecomunicaciones a un mega de banda ancha.
Las operadoras están en pleno proceso de inversión en las redes de nueva generación y crecen las quejas por la escasa financiación pública. El ejecutivo de Zapatero se resiste a una mayor inversión en redes y a promulgar nuevos impuestos para su extensión como el defendido en Gran Bretaña.
La televisión es la otra gran interesada en el fin de la neutralidad. Lo ha sido siempre con sus presiones en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual contra el audiovisual en internet. 2010 será el año de la convergencia de la televisión con internet cuando toda la televisión es digital con la TDT.
Poco a poco se fragua un pacto buscado por muchos. Está por ver cómo evoluciona y si las autoridades europeas y los reguladores, entre ellos el español, están a favor de un cambio semejante.
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