Comunicación
Responsabilidad política por un canon injusto
El canon digital es injusto e indiscriminado. A las protestas de tantos usuarios, empresas e instituciones se suma ahora la Abogada General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Verica Trstenjak (comunicado en pdf, conclusiones completas).
La abogacía europea, cuyas conclusiones se suelen respetar en un 90% de las ocasiones, deja claro que:
- La compensación equitativa por copia privada debe aplicarse de forma armonizada en Europa.
- Debe ser justa con los derechos de los titulares de los derechos de propiedad intelectual y con los de los usuarios.
- Sólo puede aplicarse a equipos utilizados para la copia de contenidos protegidos.
- No puede aplicarse a empresas ni para usos profesionales.
- Si se aplica no puede limitar el derecho a copia privada.
Si el Tribunal de Justicia confirma las conclusiones de la abogacía y las sospechas de la Audiencia Provincial de Barcelona, que elevó el caso denunciado por Ana María Méndez, propietaria de la tienda Traxtore, a la justicia europea, las consecuencias jurídicas y políticas deben ser enormes.
Las jurídicas y económicas porque el monopolio de las entidades de gestión, capitaneadas por SGAE, se han estado lucrando de un impuesto universal, indiscriminado e injusto. Que además quieren expandir y llegar a cobrar por los enlaces.
La responsabilidad política porque el gobierno socialista y algunos partidos de oposición como el PP volvieron a aprovechar este tema como arma electoral sin cuestionar las verdaderas razones de la injusticia y proponer alternativas.
Sólo los partidos minoritarios de izquierda se opusieron con rotundidad.
Pero el canon y la reforma de la ley de propiedad intelectual salió adelante a pesar de que le costó el Ministerio de Industria a José Montilla y con él se llevó por delante a la plana mayor de un departamento que desde entonces no ha dejado de demostrar lo poco que entiende internet y lo demasiado cerca que está de las grandes operadoras de telecomunicaciones. La traca final es el apoyo del ministro Miguel Sebastián a la ofensiva contra la neutralidad de la red.
En el Ministerio de Cultura nunca se ha entendido su deber de proteger más a los ciudadanos que a los consumidores. Y que su labor no es ser un Ministerio de la Propiedad Intelectual y el Negocio del Entretenimiento, sino la de fomentar y proteger la cultura común, el patrimonio de todos, no sólo el negocio de unos pocos.
Es la hora de la responsabilidad política. Es hora de escuchar y debatir ideas con sentido. Es tiempo de no abrir subcomisiones de la Propiedad Intelectual que no sirven para nada y se agotan sin conclusiones prácticas.
No nos podemos permitir otra brecha digital y una internet de pago por la sordera política, la falta de coraje para defender los bienes comunes -culturales, científicos y tecnológicos- y seguir premiando a los monopolios y a la gran industria mientras no se deja de proclamar en el vacío de la falta de ideas que debemos cambiar el modelo económico.
Un sistema operativo económico y social es posible. Un nuevo servicio público de acceso y contenidos digitales, también. Internet y las herramientas digitales son una oportunidad, de la extensión de la banda ancha a los procomunes.
La amenaza son quienes no quieren cambiar ni innovar, en política, economía o tecnología.
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