Comunicación
El ministro de Justicia, José María Michavila, prometió ayer en el Congreso estudiar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que se ha convertido en una amenaza para los medios. La ley obliga a ejecutar las sentencias en procesos contra el derecho al honor y la intimidad sin esperar a la resolución de los recursos.
El garantismo de la legislación española de protección al honor se ha convertido por mor de esta ley en una amenaza constante para los medios, especialmente para los pequeños, cuyas finanzas puedes ser asfixiadas por las exageradas compensaciones económicas solicitadas por los abogados y que un juez de primera instancia puede aceptar.
Este sistema procesal abre una vía peligrosísima para que los denunciados periodísticamente paralicen la información o se venguen utilizando la vía civil de la protección al honor frente a al penal de las calumnias o injurias, más exigente.
La protesta de las asociaciones de la prensa y de colectivos profesionales parece que han hecho mella en el Gobierno, que asiste a la movilización contra la ley de sus medios afines.
El caso más airado es el de MiCanoa-DiarioDirecto, el proyecto digital de Fernando Jaúregui, cuyas cuentas están bloquedas por la sentencia del "caso Hesperia", la supuesta orgía de jugadores del Barcelona FC antes de un partido en Madrid.
Otros afectados por la aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil son el semanario El Siglo, el diario La Voz de Almería y Telemadrid.
La aplicación de estas medidas es un paso más en la interpretación restrictiva del derecho a la información y la libertad de expresión rampante en los últimos tiempos. Hace pocos meses una sentencia abrió la vía para que las empresas puedan sancionar a sus empleados por revelar detalles de interés público (ver Aumentan las presiones contra las fuentes).
La reforma procesal, si se realiza, no puede servir de excusa para que francotiradores y espabilados renuncien a las mínimas reglas del periodismo y conviertan la información en un cúmulo de rumores y acusaciones sin base.
Desgraciadamente, los llamados confidenciales, una de las mayores perversiones informativas de la Red hispánica, ya están contaminando a los medios honestos debido a la devoción que muchos periodistas sienten por los rumores y los cotilleos malintencionados.
Defender la libertad y la responsabilidad profesional es una prioridad para todos los periodistas españoles y para los ciudadanos preocupados por el ejercicio del derecho a la información.
Cobertura en DiarioDirecto
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Comunicación
Michavila promete cambiar la ley mordaza
El ministro de Justicia, José María Michavila, prometió ayer en el Congreso estudiar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que se ha convertido en una amenaza para los medios. La ley obliga a ejecutar las sentencias en procesos contra el derecho al honor y la intimidad sin esperar a la resolución de los recursos.
El garantismo de la legislación española de protección al honor se ha convertido por mor de esta ley en una amenaza constante para los medios, especialmente para los pequeños, cuyas finanzas puedes ser asfixiadas por las exageradas compensaciones económicas solicitadas por los abogados y que un juez de primera instancia puede aceptar.
Este sistema procesal abre una vía peligrosísima para que los denunciados periodísticamente paralicen la información o se venguen utilizando la vía civil de la protección al honor frente a al penal de las calumnias o injurias, más exigente.
La protesta de las asociaciones de la prensa y de colectivos profesionales parece que han hecho mella en el Gobierno, que asiste a la movilización contra la ley de sus medios afines.
El caso más airado es el de MiCanoa-DiarioDirecto, el proyecto digital de Fernando Jaúregui, cuyas cuentas están bloquedas por la sentencia del "caso Hesperia", la supuesta orgía de jugadores del Barcelona FC antes de un partido en Madrid.
Otros afectados por la aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil son el semanario El Siglo, el diario La Voz de Almería y Telemadrid.
La aplicación de estas medidas es un paso más en la interpretación restrictiva del derecho a la información y la libertad de expresión rampante en los últimos tiempos. Hace pocos meses una sentencia abrió la vía para que las empresas puedan sancionar a sus empleados por revelar detalles de interés público (ver Aumentan las presiones contra las fuentes).
La reforma procesal, si se realiza, no puede servir de excusa para que francotiradores y espabilados renuncien a las mínimas reglas del periodismo y conviertan la información en un cúmulo de rumores y acusaciones sin base.
Desgraciadamente, los llamados confidenciales, una de las mayores perversiones informativas de la Red hispánica, ya están contaminando a los medios honestos debido a la devoción que muchos periodistas sienten por los rumores y los cotilleos malintencionados.
Defender la libertad y la responsabilidad profesional es una prioridad para todos los periodistas españoles y para los ciudadanos preocupados por el ejercicio del derecho a la información.
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