Censura económica

El Ministerio de Cultura cerrará webs con enlaces bajo propiedad intelectual con autorización urgente de la Audiencia Nacional. En cuatro días se decidirá su bloqueo. Después, el proceso judicial. Es el resumen de las normas para proteger a la industria del entretenimiento. El Gobierno vuelve a privilegiar derechos económicos frente a libertades individuales. Ya ocurrió con la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual y la implantación del canon digital. La Ley de la Sociedad de la Información garantiza los derechos de autor, pero la renuencia de los jueces a ver delito en las descargas impulsa al Ejecutivo a buscar atajos, elevar a fundamental un derecho patrimonial y dotar a la industria de una vía privilegiada, reservada hasta ahora para proteger derechos fundamentales. Se podrán cerrar páginas con ánimo de lucro o cuando los denunciantes aleguen "daño patrimonial". Se abre la puerta a blindar los enlaces y los contenidos: más negocios exclusivos, bloqueo de la economía y la cultura del enlace, y menos acceso para los ciudadanos.

La protesta internauta sólo ha servido para perfeccionar las herramientas de la Ley de Economía Sostenible y dotar a la Comisión de Propiedad Intelectual de un procedimiento abusivo y desigual. La solución, si el Parlamento o el Constitucional no lo remedian, puede conducir a una censura económica de internet. Vuelven a perder los ciudadanos frente a los poderes económicos.

El Gobierno cede ante la industria y sacrifica la sostenibilidad de una economía digital basada en el enlace y el intercambio. Por el camino quedan las manipulaciones de un negocio agotado que ve perder valor a los contenidos masificados y la copia mientras aumenta en la música en directo, las ediciones y formatos especiales, las nuevas vías de acceso (VOD, streaming, etc.) o el 3D.

Se pierde otra ocasión para una revisar la propiedad intelectual en la era digital: garantías y alternativas para los autores, y mayor acceso y libertad para los consumidores. Sobre todo cuando España estrena presidencia europea con este debate abierto y cuando la Ley de Economía Sostenible pregona un "nuevo patrón de crecimiento". Una ciudadanía digital con más protección de la cultura común y del dominio público, desarrollo de los derechos abiertos y copyleft, simplificación de la gestión de los derechos y avance en la digitalización y acceso a los contenidos públicos. El reduccionismo del mal llamado gratis total nos castiga a todos. Uno se pregunta si los políticos no tienen ideas sobre las nuevas necesidades y derechos, están dominados por el poder económico o simplemente viven alejados de la realidad. Sólo así se entiende una ceguera sobre el futuro superable con innovación y nuevos consensos para aumentar los derechos de todos.

Columna en Público