Defensa del enlace

Cobrar por ver. Es lo más parecido a la intención de limitar el hipertexto y privatizar con copyright los enlaces. Cobrar por enlazar es achicar el acceso a la información y privatizar el dominio público ampliado gracias a internet. La lucha de los medios y la industria de los contenidos contra buscadores, agregadores y redes sociales erosiona la libertad de expresión y los derechos ciudadanos. Cuando crece la demanda por el gobierno abierto y el acceso a la información pública, la industria, golpeada por la crisis y apremiada por los desafíos digitales, amenaza el interés público.

El proyecto de ley de economía sostenible permite bloquear enlaces alegando daño patrimonial. Los editores españoles se unen a los grandes grupos de medios contra el acceso a sus contenidos sin permiso –instaurar una licencia económica-, como ya hizo la agencia Associated Press en 2008. El magnate Rupert Murdoch bloquea al agregador británico NewsNow los enlaces a The Times. Francia propone una tasa Google y surgen voces a favor de un impuesto a los enlaces comerciales imitando la tasa Tobin a las transacciones financieras.

El objetivo es cobrar por los enlaces. Es el resultado de la negativa de las empresas de internet a compartir sus beneficios, los problemas del negocio digital y la evidencia de que muchos usuarios se conforman con la cita y nunca llegan a la fuente de la información.

Pero internet no es un medio. Es un espacio público donde los ciudadanos viven, se comunican, informan y comparten. La privatización perjudica a la sociedad. Cualquiera tiene derecho a cobrar por su producto o a reservarlo para sus clientes, pero nadie debería poder limitar el acceso al espacio público. Si no quieren estar, pueden retirar sus contenidos con una simple operación técnica. No lo hacen por la pérdida de visibilidad, audiencia y reputación lograda en buscadores, agregadores y por las citas en las redes sociales.

El enlace no es el contenido. Es el primero de los mitos denunciados ya en 1997 por Tim Berners-Lee, creador de la web. La ley española de propiedad intelectual garantiza la cita y el uso de información de actualidad, como la legislación internacional, pero permite reservar derechos o cobrar. Hacerlo sería un paso atrás en la ampliación de la esfera pública y el derecho a la información, propiedad de los ciudadanos, no de los medios. La disputa económica por el negocio no puede atentar contra el interés público ni expandir el modelo de pago para privatizar lo que es de todos. Los medios deberían preocuparse más de por qué tantos usuarios se conforman con una cita y no olvidar que sus contenidos son también resultado del espacio público.

Columna en Público