Comunicación
El Congreso ha aprobado el canon digital. A regañadientes por algunos. Con gran hipocresía por muchos. Todos amparados en la falacia de la falta de alternativas. Pero las hay.
Richard Stallman ha estado en Granada y ha bombardeado la polémica del canon con dos propuestas: "El canon no debe existir y la SGAE, tampoco".
El gurú del software libre y el copyleft vuelve a proponer su vieja idea del DAT: "Reemplazar el canon por un impuesto y con una agencia pública para gestionar el uso del dinero que luego se pagaría a los artistas".
Copia universal libre para todos como método más eficiente de reproducción y una compensación justa que vaya directamente a los artistas y no a las entidades de gestión colectiva de la propiedad intelectual.
Una propuesta que puede parecer estatalista, pero que sólo intenta eliminar intermediarios para evitar la retórica de la maximización de beneficios.
Es lo que pretende el canon, que es la forma más desproporcional, injusta y universal de proteger los derechos de los autores dejando un buen pico en la caja de las gestoras de derechos.
Por eso se pide el canon.
Y por eso se prefiere incluso a los DRM (digital rights management). Estos sistemas aportan datos mucho más concretos pero tienen costes para las gestoras de derechos.
Para los consumidores son además una amenaza para la libertad de copia privada y para la privacidad.
Los impuestos son impopulares, pero los ciudadanos también deben saber a qué les dan derecho esos impuestos y que, en realidad, en países como España ya los pagan. En una cultura tan fuertemente subvencionada como la nuestra, el impuesto Stallman ya existe, llámese como se llame y aunque se enmascare en subvenciones, becas, acuerdos, etc.
La ley del cine, que también se vota esta tarde, es otra muestra.
Ese dinero público dota a los autores y artistas de recursos para la creación, pero también debe dar a los ciudadanos derecho a compensaciones.
William Fisher, profesor de Harvard, ha mejorado la vieja idea de Stallman para promover una tasa que une ideas de sistemas como Creative Commons (que cumple cinco años) y la ventaja de los sistemas de identificación digital.
Fisher defiende la creación de un sistema de identificación digital de las obras para estimar cuántas copias se hacen y compensar a los autores.
El registro, como en Creative Commons, es voluntario y sólo pueden registrar obras los autores para excluir mediadores. Una agencia pública se encargará de estimar el volumen de copias de cada obra estadísticamente y a través del seguimiento de los registros.
Los autores reciben la compensación por derechos directamente, sin mediación de gestoras. los ciudadanos pagan una parte de sus impuestos que cubren su derecho a la copia privada y la agencia estatal encargada, como las actuales del Ministerio de Cultura o de sus homólogos autonómicos, reparte los derechos de acuerdo al porcentaje de copia en el mercado y a las creaciones que por determinados valores se quieren promover.
Sistemas alternativos. Muchos se quejarán.
¿Por qué un impuesto directo y no indirecto como el canon? Porque así se garantiza el acceso universar a las obras, que cubre el derecho de obras derivadas.
¿Por qué una agencia pública? Para asegurar una gestión sin lucro y reducir los intermediarios y el coste que generan. Que acaban pagando ciudadanos y autores.
Además, un nuevo sistema de gestión de los derechos de autor debería fomentar otros valores y garantías:
1. Gestionar los derechos de autor de forma más flexible y transparente.
2. Ampliar el dominio público. Revertir a la sociedad las obras más subvencionadas.
3. Fomentar derechos de la propiedad intelectual flexibles: dejar fuera del pago de derechos a bibliotecas, educación, obras de dominio público, etc. Eliminar la imposición obligatoria de derechos de autor cuando existe una renuncia o restricción voluntaria (copileft o creative commons, por ejemplo).
4. Adaptar la cultura, la creación y la industria de los contenidos al nuevo escenario tecnológico y a los nuevos negocios.
5. Dedicar una parte de los derechos de autor a financiar obras de dominio público.
Hay alternativas: abolir los derechos de autor, reconocerlos y cobrar por el derecho universal (y subvencionar la cultura en función de esos derechos) o mantener los sistemas injustos.
El canon no es la única solución como tampoco es la garantía de la copia privada.
P21 | Canon a toda prisa
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Perseguidos: ciudadanos de una cultura libre y participativa, donde el público no es un mero consumidor, sino que participa, comparte, remezcla y crea como expresión de su identidad, gustos y para relacionarse con otros. Perseguidores: autores y empresas...
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Copia universal libre para todos como método más eficiente de reproducción y una compensación justa que vaya directamente a los artistas y no a las entidades de gestión colectiva de la propiedad intelectual.
Una propuesta que puede parecer estatalista, pero que sólo intenta eliminar intermediarios para evitar la retórica de la maximización de beneficios.
Es lo que pretende el canon, que es la forma más desproporcional, injusta y universal de proteger los derechos de los autores dejando un buen pico en la caja de las gestoras de derechos.
Por eso se pide el canon.
Y por eso se prefiere incluso a los DRM (digital rights management). Estos sistemas aportan datos mucho más concretos pero tienen costes para las gestoras de derechos.
Para los consumidores son además una amenaza para la libertad de copia privada y para la privacidad.
Los impuestos son impopulares, pero los ciudadanos también deben saber a qué les dan derecho esos impuestos y que, en realidad, en países como España ya los pagan. En una cultura tan fuertemente subvencionada como la nuestra, el impuesto Stallman ya existe, llámese como se llame y aunque se enmascare en subvenciones, becas, acuerdos, etc.
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Fisher defiende la creación de un sistema de identificación digital de las obras para estimar cuántas copias se hacen y compensar a los autores.
El registro, como en Creative Commons, es voluntario y sólo pueden registrar obras los autores para excluir mediadores. Una agencia pública se encargará de estimar el volumen de copias de cada obra estadísticamente y a través del seguimiento de los registros.
Los autores reciben la compensación por derechos directamente, sin mediación de gestoras. los ciudadanos pagan una parte de sus impuestos que cubren su derecho a la copia privada y la agencia estatal encargada, como las actuales del Ministerio de Cultura o de sus homólogos autonómicos, reparte los derechos de acuerdo al porcentaje de copia en el mercado y a las creaciones que por determinados valores se quieren promover.
Sistemas alternativos. Muchos se quejarán.
¿Por qué un impuesto directo y no indirecto como el canon? Porque así se garantiza el acceso universar a las obras, que cubre el derecho de obras derivadas.
¿Por qué una agencia pública? Para asegurar una gestión sin lucro y reducir los intermediarios y el coste que generan. Que acaban pagando ciudadanos y autores.
Además, un nuevo sistema de gestión de los derechos de autor debería fomentar otros valores y garantías:
1. Gestionar los derechos de autor de forma más flexible y transparente.
2. Ampliar el dominio público. Revertir a la sociedad las obras más subvencionadas.
3. Fomentar derechos de la propiedad intelectual flexibles: dejar fuera del pago de derechos a bibliotecas, educación, obras de dominio público, etc. Eliminar la imposición obligatoria de derechos de autor cuando existe una renuncia o restricción voluntaria (copileft o creative commons, por ejemplo).
4. Adaptar la cultura, la creación y la industria de los contenidos al nuevo escenario tecnológico y a los nuevos negocios.
5. Dedicar una parte de los derechos de autor a financiar obras de dominio público.
Hay alternativas: abolir los derechos de autor, reconocerlos y cobrar por el derecho universal (y subvencionar la cultura en función de esos derechos) o mantener los sistemas injustos.
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