Comunicación
Los datos personales son la moneda del ciberespacio. Internet, las aplicaciones, los juegos, los buscadores, los medios de comunicación, todo se paga con datos de usuarios. El gratis total no existe: los usuarios pagan por sus conexiones y aparatos, la publicidad por la mayoría de los contenidos y servicios. Nuestro perfil, la huella de nuestra navegación y los amigos con quien nos relacionamos mueven la máquina digital. Cuantos más datos y mejor gestionados, más negocio para las empresas y más oferta para los internautas.
Es el objetivo de la Adigital, la asociación de empresas de internet, para recurrir la ley española de protección de datos. Y el Tribunal Supremo ha fallado a su favor. Los datos de los usuarios se podrán usar sin su permiso para usos legítimos si no atentan contra derechos fundamentales.
La Agencia Española de Protección de Datos mantendrá la vigilancia sobre esos intereses. España no puede endurecer la protección de datos más allá de la normativa europea. La sentencia del Supremo no invalida la Ley de Protección de Datos española, una de las más garantistas, pero intenta equilibrar la economía de las empresas con el disfrute de los usuarios.
Cuando las aplicaciones, las redes sociales, los buscadores y la publicidad se alimentan de datos, la protección sufre, pero la mayoría de los usuarios están dispuestos a entregar su privacidad antes que abrir su bolsillo.
La Comisión Europea quiere acabar con las disputas. Tras la imposición del consentimiento previo (opt-in) para ceder datos y la autorregulación de la industria digital, Europa quiere simplificar en una sola ley la regulación europea. Quiere imponer la obligación de informar claramente a los ciudadanos y a las agencias de protección de datos, minimizar lo que las empresas saben de nosotros y garantizar a los usuarios tanto la portabilidad de sus datos (tan exitosa en el caso de los móviles) como el llamado derecho al olvido para borrar lo que el usuario no quiera conservar.
Se busca un pacto para la economía digital, cuya moneda es aún más frágil que el dinero contante y sonante.
Columna en los diarios de Vocento
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Somos nuestros datos. La mayoría de los servicios y contenidos de internet son gratuitos. No se pagan con dinero, pero sí con la huella digital, el rastro de la actividad del usuario en internet y las redes digitales. Con esos datos se personaliza la...
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Utilidad, personalización, contacto con personas y marcas. En el móvil encuentras con facilidad qué hay a tu alrededor. En internet la publicidad se acerca a tus gustos. Son ventajas de la publicidad interactiva y de su manejo de datos de los usuarios....
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¿Es adecuada la protección de datos personales? En España, no. Con la protección de datos personales se ha llegado a una ley mordaza que castiga más los datos digitales, electrónicos o de ficheros que si están contenidos o recabados de otros soportes...
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El Consejo de Ministros presenta el anteproyecto para retener los datos de las comunicaciones telefónicas y por internet de los ciudadanos durante un año, tal como avanzó ayer El País. El control de las comunicaciones avanza. La libertad se reduce....
Comunicación
Los datos pagan
Los datos personales son la moneda del ciberespacio. Internet, las aplicaciones, los juegos, los buscadores, los medios de comunicación, todo se paga con datos de usuarios. El gratis total no existe: los usuarios pagan por sus conexiones y aparatos, la publicidad por la mayoría de los contenidos y servicios. Nuestro perfil, la huella de nuestra navegación y los amigos con quien nos relacionamos mueven la máquina digital. Cuantos más datos y mejor gestionados, más negocio para las empresas y más oferta para los internautas.
Es el objetivo de la Adigital, la asociación de empresas de internet, para recurrir la ley española de protección de datos. Y el Tribunal Supremo ha fallado a su favor. Los datos de los usuarios se podrán usar sin su permiso para usos legítimos si no atentan contra derechos fundamentales.
La Agencia Española de Protección de Datos mantendrá la vigilancia sobre esos intereses. España no puede endurecer la protección de datos más allá de la normativa europea. La sentencia del Supremo no invalida la Ley de Protección de Datos española, una de las más garantistas, pero intenta equilibrar la economía de las empresas con el disfrute de los usuarios.
Cuando las aplicaciones, las redes sociales, los buscadores y la publicidad se alimentan de datos, la protección sufre, pero la mayoría de los usuarios están dispuestos a entregar su privacidad antes que abrir su bolsillo.
La Comisión Europea quiere acabar con las disputas. Tras la imposición del consentimiento previo (opt-in) para ceder datos y la autorregulación de la industria digital, Europa quiere simplificar en una sola ley la regulación europea. Quiere imponer la obligación de informar claramente a los ciudadanos y a las agencias de protección de datos, minimizar lo que las empresas saben de nosotros y garantizar a los usuarios tanto la portabilidad de sus datos (tan exitosa en el caso de los móviles) como el llamado derecho al olvido para borrar lo que el usuario no quiera conservar.
Se busca un pacto para la economía digital, cuya moneda es aún más frágil que el dinero contante y sonante.
Columna en los diarios de Vocento
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